La voluntad del presidente Tabaré Vázquez de vetar cualquier ley que despenalice el aborto, dificulta avanzar en el camino de reconocimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos.

No obstante, un amplio espectro de actores sociales continúa comprometido con la búsqueda de respuestas, preferentemente integrales pero, en su caso, también progresivas a este grave problema de salud y justicia social que se expresa en una tasa de morbimortalidad materna superior aún a la prevista, según revelan los últimos registros del Ministerio de Salud Pública.

Una muestra de este consenso resultó del debate convocado por la Comisión de Salud y el Área de la Mujer y los Jóvenes de la Vertiente Artiguista (EP/FA/NM).

A partir de mayo de 2004, cuando el Senado rechazó el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva que contaba con la aprobación de Diputados, el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, inclusivo de la despenalización del aborto, salió de la agenda parlamentaria.

 Y, aunque socialmente se mantuvo, perdió perfil público. Cuando el ya presidente de la República Tabaré Vázquez anunció su voluntad de vetar cualquier decisión legislativa que habilitara la interrupción voluntaria del embarazo no hubo sorpresa, porque la postura personal del mandatario era conocida, pero sí mucha preocupación por su implicancia en términos de la prometida profundización de la democracia.